Los estatutos en riesgo son los que se encuentran establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República de El Salvador.
"Por vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad" ha sido declarada como inconstitucional la Ley de Presupuesto del año 2017, explica un comunicado emitido por la Sala de lo Constitucional.
Los magistrados sostienen que en dicha ley hay un "desfinanciamiento del presupuesto producto de la subestimación de los gastos previsibles e ineludibles" entre ellos se menciona el pago de la deuda previsional de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Esta sentencia ha sido establecida luego de una demanda realizada en la que se estima que el Gobierno incurre en una "deuda flotante" durante cada año para remediar deficiencias temporales de ingresos. Dicha situación ha sido constatada en el Presupuesto.
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